El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictado sentencia contra España en el marco del caso Antin Infrastructure Services, confirmando por unanimidad —cinco magistrados, sin un solo voto discrepante— que el Reino de España no puede invocar inmunidad soberana para bloquear el registro de un laudo arbitral de 101 millones de euros derivado de los recortes retroactivos aplicados al régimen de energías renovables durante la última década.
El fallo, dictado el 4 de marzo de 2026, cierra un procedimiento de enorme relevancia para la ejecución internacional de arbitrajes contra Estados soberanos. La cuestión de fondo era aparentemente técnica pero políticamente muy incómoda para Madrid: ¿puede un Estado que ha firmado el Convenio CIADI —el sistema internacional de arbitraje de inversiones— volverse después y alegar inmunidad soberana ante los tribunales del país en el que se intenta ejecutar el laudo? El Supremo británico ha respondido con claridad que no.
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Y el problema es que este frente no es el único. A marzo de 2026, la deuda total acumulada por España en procedimientos arbitrales derivados de los recortes a las renovables supera los 2.300 millones de euros: 1.754 millones de principal pendiente y otros 537 millones en sobrecostes judiciales y financieros generados por años de estrategia dilatoria.
Estráctos, información completa en: https://www.libertaddigital.com/libremercado/2026-03-05/el-supremo-britanico-condena-a-espana-a-pagar-101-millones-por-los-impagos-de-sanchez-a-las-renovables-7368974/
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