El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, de la que sus cuerpos y fuerzas de seguridad pueden echar mano, siempre que se haga de forma justificada y con la debida proporcionalidad. El 1 de octubre, la Policía Nacional y la Guardia Civil se desplegaron en decenas de colegios de Cataluña para intentar evitar el referéndum independentista. Un juez de Barcelona considera que, en casos puntuales, algunos agentes actuaron de forma «claramente desproporcionada e incluso peligrosa». De momento, son cuatro los policías nacionales investigados por su comportamiento en dos escuelas de la capital catalana que acogieron la consulta ilegal. Se les imputa delitos de lesiones y contra la integridad moral.
En un auto al que ha tenido acceso ABC, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha acordado citar como investigados a tres agentes por su papel en la Escuela Pau Claris. Sus interrogatorios todavía no tienen fecha. Uno de estos agentes, un subinspector conocido como El Lobo en el cuerpo, está también imputado por su intervención, el mismo día, en otro colegio barcelonés, la Escuela Mediterrànea. Este mando, junto a otro agente, debía declarar mañana por lo ocurrido en la Escuela Mediterrànea pero el juez -el mismo magistrado que investiga las cargas de la Escuela Pau Claris- ha aplazado sus comparecencias para que al subsinspector pueda preparar un interrogatorio sobre ambas intervenciones. Así pues, de momento son en total cuatro los policías nacionales investigados por el 1-O.
El juez lo ve claro. Tras analizar varios vídeos y una treintena de fotos que constan en la causa de la Escuela Pau Claris concluye que «no puede apreciarse la proporcionalidad exigida en las actuaciones de algunos de los agentes» que, durante el desalojo, son «claramente desproporcionadas o incluso peligrosas». Uno de los policías, que no pudo ser identificado, incluso encasqueta «una patada voladora» a una persona, a la que le podría haber causado «gravísimas lesiones», según detalla el juez en su auto. «Tampoco se explica -continúa el magistrado- el motivo por el que los ciudadanos que se encuentran en las escaleras son lanzados, sin miramiento alguno, hacia fuera, pudieron resultar también gravemente lesionados tanto ellos como los que están abajo».
En la causa de la Escuela Pau Claris se acumulan 23 denuncias y ocho querellas de gente que considera haber sido agredidas por los agentes. Una de las denunciantes es la activista Marta T., cuyo caso se hizo viral en las redes sociales los días posteriores. La Fiscalía reclamaba su imputación al considerar que se había resistido a los agentes. El juez ha echado por tierra esta pretensión del ministerio público y no lo considera «procedente» porque no cometió ningún delito «más que agarrarse a otra persona para no ser arrastrada escaleras abajo». Es más, el juez critica a los agentes porque la joven fue arrastrada cuando la escalera ya estaba desalojada.
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