Foros de debate militares

«Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar»

Un artículo, muy interesante de leer del Coronel D. Javier Saldaña Sagredo

En diciembre se cumplirán veintitrés años de la finalización de servicio militar obligatorio en España. La disposición adicional decimotercera de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del Régimen del Personal de las fuerzas armadas, suspendió su prestación a partir del 31 de diciembre de 2002. Paradójicamente, fue el Gobierno que más ha sido acusado de militarista quien lo abolió. No importa, cualquiera de otro signo político lo hubiera hecho. La clase política estaba deseosa de apuntarse el tanto. Unos porque consideraban que había llegado el momento del ejército profesional. Otros por su sempiterna obsesión de arrinconar en la sociedad todo lo que la milicia pueda suponer. Pero todos, en definitiva, por el alivio que suponía acabar con la insostenible situación de la recluta universal que muchos todavía atribuían al militarismo del régimen anterior.

Un año antes de su abolición, de los 90.000 jóvenes que fueron llamados a filas, poco más de 20.000 traspasaron el umbral bajo el que figura el lema de “Todo por la patria”. El resto pudo acogerse a su derecho a no realizarlo alegando motivos éticos, religiosos, filosóficos o políticos. Eran los objetores de conciencia. Una figura que, aunque reconocida por el articulo 30 de la Constitución, fue torticeramente utilizada por los “quintos” llamados a filas, con la aquiescencia política, como el salvavidas que les permitió eludir el deber que millones de españoles habían cumplido hasta la fecha. La dinámica y la inercia de la sociedad española en aquellos años discurrían en un sentido muy diferente. Y los políticos no supieron encontrar otra solución que mantuviese a salvo la dignidad del país.

Más de 300.000 objetores

Tres años antes, una ley, la 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la Objeción de Conciencia y de su Prestación Social Sustitutoria (PSS) ya se había encargado de facilitar la “objeción de los españoles a defender a España” estableciendo el derecho de los ciudadanos a negarse al servicio militar obligatorio compensándolo mediante la realización de una “prestación”. Un derecho que contradictoriamente es contemplado en el mismo artículo constitucional que establece que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”. En total, se estima que más de 300.000 jóvenes se acogieron a la objeción de conciencia entre 1998 y 2002. Este fenómeno y la incapacidad del Gobierno para gestionar la situación dio origen al tristemente célebre movimiento de la “insumisión”. Tocaba fondo la desconexión entre el Estado y su sociedad y se abría una brecha que aún hoy en día sigue sin cerrarse.

Sin embargo, a pesar del final de la “mili”, la creación de los ejércitos profesionales en nuestro país no estuvo exenta de dificultades. Al desconocimiento y la falta de experiencia del nuevo modelo de fuerzas armadas se añadió su crónica infrafinanciación que, en este caso, afectaba al personal, su recurso más valioso. Bajos sueldos y cortas expectativas de promoción hicieron que el modelo de profesional de nuestros ejércitos no fuese lo suficientemente atractivo para reclutar a nuestros jóvenes.

Una apresurada ley 8/2006, de Tropa y Marinería, que no supo prever el impacto al modelo de las sucesivas crisis económicas, trajo situaciones tan anacrónicas como la admisión a filas de personal procedente de países sudamericanos que no poseían la nacionalidad española. Otro factor determinante fue el retiro forzoso a los 45 años de los nuevos soldados y marineros profesionales, pasando a la situación de reservistas de “especial disponibilidad”, cuando no se accedía a una plaza como militar de carrera o no se renovaba su contrato en condiciones especiales.

Sin preparación para los conflictos armados

Pero en aquella época, el mundo se desarmaba y los ejércitos se reducían. Eran tiempos de las operaciones de paz, de los cascos azules y de los interminables planes de reducción de personal en las fuerzas armadas. Unas fuerzas armadas que, con un presupuesto de defensa por debajo del 1% del PIB, veían cómo se pasaba de los más de 300.000 militares en 1975 con la “mili” obligatoria a escasos 115.000 a comienzos de la primera década de este siglo. No solo se diluía una capacidad de reclutamiento contrastada sino que además se extraviaba toda relación entre los ejércitos y los ciudadanos de una sociedad sin la que su existencia es incomprensible.

Sin la “mili”, la preparación de la ciudadanía para los conflictos armados se antojaba imposible. Una hipotética movilización para la guerra chocaría con la carencia más absoluta de conocimiento militar por parte del ciudadano llamado a filas. Se hizo evidente la necesidad de mantener activa una reserva militar de ciudadanos dispuestos a defender a su país cuando fuese necesario. Una reserva militar que en cualquier caso precisaría un cierto grado de preparación por si su empleo fuera inevitable. Pero ese no fue el caso, los nuevos ejércitos profesionales afrontarían la defensa de España con garantías sin necesitar ninguna otra aportación del resto de la sociedad. Nadie, en aquellos años tras la abolición del servicio militar, se preocupó de diseñar un modelo de reserva estructurado y escalable con garantías suficientes para constituir el embrión de la “nación en armas” si fuera preciso.

Reserva militar

De esa forma, actualmente reserva militar en España comprende a todos aquellos militares profesionales o permanentes que no habiendo cumplido los 65 años han finalizado su servicio activo y por lo tanto ya no acuden a los cuarteles, centros y organismos militares a realizar su trabajo diario. Son escasamente 13.000 militares, de edad avanzada, que ya están en sus “casas” como consecuencia de unas políticas en las que han primado más el hecho de “vaciar cuarteles” que de un estudio serio de constituir una reserva que complementase las capacidades del ejército permanente y que respondiese a unos planes de activación eficaces y probados.

Junto a esa “reserva profesional”, las fuerzas armadas cuentan con un cupo de reservistas distribuido entre los 7.700 denominados de “especial disponibilidad” de Tropa y Marinería (“jubilados” forzosamente a los 45 años) más unos 3.000 reservistas “voluntarios”. Estos últimos son ciudadanos que deciden aportar, de forma voluntaria y temporal, sus capacidades, habilidades y conocimientos, en las diferentes misiones que llevan a cabo las fuerzas armadas y que se “activan” a lo largo del año por periodos cortos para realizar sus prácticas en las unidades de los ejércitos y los buques de la Armada. Los de “especial disponibilidad”, que desde su “jubilación” no se han vuelto a activar, perciben un salario de 600 euros mensuales para el resto de su vida compatible con cualquier otra actividad laboral. Los “voluntarios” reciben el sueldo de un militar profesional con el mismo empleo o uno similar durante los periodos en los que se activan.

Mas allá de eso, en caso de guerra o conflicto armado, el reclutamiento militar en caso de movilización descansaría en ciudadanos sin experiencia militar previa que se articularía mediante un proceso que, regulado por el Gobierno, requeriría la aprobación del Congreso de los Diputados. Solo en el caso de declaración de guerra o conflicto armado podría ser posible, pero actualmente no se dispone de las herramientas procedimentales para hacerlo con celeridad. Desde la derogación de la Ley 50/1969 Básica de Movilización Nacional, no existe un marco normativo más allá de lo establecido en la ley de Defensa Nacional 5/2005 o en la 4/1981 de los Estados Alarma, Excepción y Sitio, nada procedimentales.

El ejemplo de Alemania

Ahora que un “país de referencia” como Alemania ha puesto la “mili” de moda saltan las alarmas. Ya no son Finlandia, la “pacifista” Suecia, Croacia o las repúblicas bálticas, países con “el enemigo ruso a las puertas”. Es la Alemania, “motor de la Europa de la defensa” que tantas veces ha negado la “solución militar” en los conflictos a nivel global. La misma que modificó su Constitución para permitir a sus tropas desplegar allende de sus fronteras. La Alemania que ya no confía en sus tradicionales socios de la OTAN y que ha firmado el mayor acuerdo bilateral de Defensa con el Reino Unido desde el final de la Segunda Guerra Mundial a espaldas de la Unión Europea (también lo ha hecho Francia).

Es la Alemania de coalición de conservadores y socialdemócratas la que acaba de aprobar una “mili” voluntaria en principio, pero susceptible de convertirse en obligatoria si no se alcanzan las cifras de reclutamiento estimadas en 80.000 militares, que propiciarían un aumento de reservista hasta los 200.000 ciudadanos.

Alemania avanza en la aprobación de un servicio militar voluntario que puede ser obligatorio

Por ello, la “mili” que España necesita para reconstruir un modelo cohesionado de reclutamiento-reserva no es probablemente la que la ministra de Defensa tiene en su mente cuando declara en reiteradas ocasiones que no hay planes de reintroducir el servicio militar obligatorio. No es el modelo de “mili” derogado en 2002, no. Es un modelo a la “alemana” si se quiere, voluntario si se estima, pero que permita realizar un servicio militar adaptado y práctico que facilite la integración del ciudadano en una reserva militar eficaz y contrastada que complemente y potencie la capacidad militar de nuestras fuerzas armadas en caso de guerra.

Esa es la “mili” necesaria para cualquier país que se precie de poseer estándares occidentales y democráticos para su defensa. Negarlo es adoptar una postura naif que se aleja de la realidad que nos está tocando vivir. Es parte de una exigencia que la realidad geopolítica que nos rodea y nos impone al mismo tiempo. Una forma, si se quiere de acercar el entorno de la defensa al ciudadano. Una manera, efectiva como ninguna, de difusión de la cultura de defensa. Una oportunidad, en definitiva, de acrecentar la conciencia de defensa en miles de españoles que estarían dispuestos a empuñar las armas por defender a su país. El servicio militar previsto en su Ley Orgánica 13/1991 quedó suspendido a finales del 2002. Una revisión inteligente de la ley podría adecuarlo a las circunstancias que actualmente necesita España. Devuelvan a la ciudadanía la posibilidad de prepararse para ejercer un deber que jamás les debieron hurtar.

https://www.escudodigital.com/expertos/opinion/la-mili-que-espana-necesita.html